Los sismos del mes de septiembre de 2017 en la región centro-sur del país ocasionaron pérdidas humanas, la destrucción de miles de viviendas y daños materiales en la infraestructura y redes de comunicación, dotación de servicios urbanos de agua y drenaje; equipamiento público de abasto, salud y educación, así como en bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos en más de 700 municipios en los estados de Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México. Posteriormente, el 16 de febrero de 2018, otro sismo de gran magnitud con epicentro en la zona de Pinotepa Nacional en la costa de Oaxaca, agravó las afectaciones en ese estado particularmente.
Los daños materiales ocasionados por los sismos provocaron afectaciones sociales y económicas a las personas y a las comunidades, mismas que al no haber sido atendidas, o no haber sido atendidas adecuadamente (en la mayoría de los casos), le ha impedido el retorno a la normalidad de su vida cotidiana.
Ante estas circunstancias, el Gobierno de México impulsa el Programa Nacional de Reconstrucción, como uno de sus programas prioritarios, asumiendo la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos de las personas y de las comunidades afectadas por los sismos. En él se contempla la participación de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes del Estado, así como de todos los sectores sociales, coordinada por el gobierno federal y dentro de un solo programa.
El objetivo del Programa es atender con un enfoque de derechos humanos a la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, que no han sido atendidas o no fueron atendidas adecuadamente. Las acciones de reconstrucción, rehabilitación, acondicionamiento, reparación y restauración del Programa contribuirán a proteger y garantizar la realización del derecho a la educación, a la salud, a una vivienda adecuada y al disfrute de los bienes y servicios culturales.
De acuerdo con los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y mediante la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, funge como instancia coordinadora del Programa y la ejecución de las acciones y proyectos de cada componente corresponde a las Secretarías de Educación Pública, por conducto del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), Salud, Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en el ámbito de sus respectivas competencias.
En este contexto, para garantizar la participación de las personas beneficiarias y la transparencia en la ejecución de los recursos asignados, durante el ejercicio fiscal 2019 se promoverán acciones para la integración, operación y seguimiento de la Contraloría Social en el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), conforme a lo dispuesto en los artículos del 69 al 71 de la Ley General de Desarrollo Social, los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social” publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y la Estrategia Marco de Contraloría Social vigente emitida por la Secretaría de la Función Pública.
El propósito del presente documento es establecer la estrategia para la realización de las actividades de promoción en materia de Contraloría Social, para que los beneficiarios del Programa desarrollen tareas de verificación de la ejecución de las acciones comprometidas, del cumplimiento de las metas y la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos federales asignados al Programa Nacional de Reconstrucción en los sectores de educación, vivienda, salud y cultura.
Los procedimientos específicos, para la promoción, operación y seguimiento de la Contraloría Social, estarán contenidos en la Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social de cada sector, según su ámbito de responsabilidad de acuerdo al siguiente Esquema de Contraloría Social.
Para su instrumentación, se definen como instancias participantes a las siguientes: